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CASOS DE ÉXITO

Rodríguez-Acosta | Abogado Penalista

Para el abogado penalista Marco Antonio Rodríguez-Acosta, éxito en derecho penal puede significar: libertad plena, libertad provisional con o sin medidas cautelares. Fianza antes del juicio. Sobreseimiento o archivo de la causa al finalizar el trámite de investigación. Las mejores negociaciones con el Ministerio Público. Libre absolución tras el juicio, el recurso de apelación, de casación, de amparo constitucional, etc.

A continuación un breve listado de algunos de los casos de éxito:

Antejuicio de Mérito de Altos Oficiales de la Fuerza Armada Nacional

Fecha: 11 de abril de 2002

Lugar: Caracas, Venezuela

 

El jueves 11 de abril del 2002, la ciudad de Caracas amaneció con al menos un millón y medio de personas que marcharon hacia el Palacio de Miraflores para solicitar la renuncia del presidente de la República en protesta contra la intención de politizar a Petróleos de Venezuela. Una vez que la marcha se acercó a Miraflores se registraron una serie de disparos que dejaron un saldo de 19 muertos y cientos de heridos.

 

Ante esa situación, un grupo de altos Oficiales (Generales y Almirantes) le solicitaron la renuncia al ciudadano Presidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías, “la cual aceptó”, según el comunicado leído ante los medios de comunicación por el General de División del componente Ejército, Lucas Rincón Romero, Inspector General de la Fuerza Armada Nacional; comunicado y renuncia que luego se negaran, siendo que el 14 de abril Chávez Frías es retornado al poder por los mandos militares, ordenándose la detención así como el pase a Antejuicio de Mérito por la presunta comisión del delito de Rebelión Militar por parte del General de División del componente Ejército Efraín Vásquez Velazco, del Vicealmirante del componente Armada Héctor Ramírez Pérez, del General de Brigada del componente Aviación Pedro Pereira Olivares, así como del Contralmirante del componente Armada Daniel Comisso Urdaneta.

 

Antejuicio de Mérito que fuese negado el 14 de agosto del 2002 por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia decretando como consecuencia, el sobreseimiento de la causa.

 

El abogado Rodríguez-Acosta defendió -con éxito- al Contralmirante del Componente Armada Daniel Lino José Comisso Urdaneta por la presunta comisión del delito de Rebelión Militar solicitado por el Fiscal General Julián Isaías Rodríguez Díaz ante los hechos ocurridos el jueves 11 de abril de 2002, caso que por iniciativa del amigo y colega Carlos Bastidas Espinoza (✟), dio nacimiento al Foro Penal Venezolano del cual el abogado Rodríguez-Acosta es co-fundador.

Caso Firmantes del Decreto Carmona

Fecha: 12 de abril de 2002

Lugar: Caracas, Venezuela

 

En los hechos del 11 de abril, una vez que fue conocido que el presidente Chávez había renunciado a su mandato, Pedro Carmona Estanga, Presidente de Fedecámaras asumió públicamente la Presidencia de la República en un denominado Gobierno de transición democrática y unidad nacional mediante la implementación del llamado Decreto Carmona con el cual procedió –entre otros- a la disolución de todos los Poderes Públicos, así como a la derogación de las 48 leyes habilitantes y a la reforma de la Constitución al reponer el nombre de República de Venezuela. El nombre original fue “Acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional” y fue presuntamente firmada por casi 400 personas que se encontraban presentes en el acto quienes posteriormente fueron sometidas a investigación penal a cargo del otrora Fiscal Danilo Anderson (✟) , siendo que el 31 de diciembre 2007 el ex presidente Hugo Chávez Frías firmó un decreto mediante el cual otorgó Amnistía a quienes tenían procesos legales por los hechos relacionados al 11 de abril del año 2002.

 

El abogado Rodríguez-Acosta defendió con éxito 12 de esas 400 personas sometidas a investigación penal a cargo del otrora Fiscal Danilo Anderson (✟).

Caso Coronel (R) Guardia Nacional Hidalgo Valero

Fecha: 20 de junio de 2002

Lugar: Caracas, Venezuela

 

Este juicio se inició con los hechos ocurridos el 19 de junio de 2002, cuando el ciudadano Coronel (GN) (R) Hidalgo Valero Briceño dio una rueda de prensa y convocó a una marcha que denominó “Por la Meritocracia Militar” y utilizó el uniforme militar que es parte de su dotación cuando era militar activo. El 20 de junio de 2002 se realizó la referida marcha y fue aprehendido por una comisión de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), vestido con el referido uniforme y presentado ante la Jurisdicción del Consejo de Guerra Permanente de Caracas por la presunta comisión del delito de Uso Indebido de Uniformes, Insignias, Condecoraciones y Títulos Militares, siendo finalmente resuelto por ante la Jurisdicción Penal Ordinaria según conflicto de competencia decidido por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Caso Paramilitares finca Daktari

Fecha: 9 de mayo de 2004

Lugar: Caracas, Venezuela

 

El domingo 9 de mayo del año 2004, en cadena nacional, ex presidente Hugo Chávez Frías, interrumpió el programa Aló Presidente para informar al país que los cuerpos de seguridad del Estado habían capturado a 63 “presuntos” paramilitares, todos colombianos con uniformes militares venezolanos. Dijo que las detenciones de los paramilitares se produjeron en la Finca Daktari del Municipio El Hatillo, propiedad de la familia Alonso-Etcheverry, frustrando “a su decir”, un plan de magnicidio a días de su ejecución, en el cual los paramilitares tenían previsto concretar el atentado en el cual asesinarían a Chávez durante una cena con banqueros en La Casona (residencia presidencial), otros irregulares asaltarían el Palacio de Miraflores, otro conjunto irrumpiría en los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y en la base aérea de La Carlota, y un “Rambo” oficial de la aviación secuestraría una aeronave para bombardear la sede de Gobierno.

 

Sobre el caso de los paramilitares conocido también como “Los Paracachitos”, varios oficiales de la Fuerza Armada Nacional, políticos, artistas, y empresarios, fueron acusados de iniciar, entrenar, apoyar o financiar a ese grupo. Algunos fueron enjuiciados y absueltos, otros condenados y posteriormente indultados.

 

El abogado Rodríguez-Acosta defendió con éxito al acusado Luis Roberto Plazas Grismaldo, presunto paramilitar clave en estos hechos, en contra de las acusaciones sentenciadas por el Tribunal Militar Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal Militar.

Caso asesinato Fiscal Danilo Anderson

Fecha: 18 de noviembre de 2004

Lugar: Tribunal Supremo de Justicia

 

Danilo Baltasar Anderson (✟) fue un fiscal del Ministerio Público venezolano que investigaba a más de 400 personas acusadas de crímenes en contra el estado venezolano y los asesinatos ocurridos el 11 de abril de 2002, que fue asesinado la noche del 18 de noviembre de 2004 cuando – de acuerdo con las pesquisas – su vehículo estalló producto de un explosivo C4 que colocaron debajo del asiento de su vehículo.

 

Inmediatamente después del asesinato, las autoridades venezolanas iniciaron una investigación que identificó y detuvo a dos ex-agentes de policía que estaban estrechamente comprometidos con el complot, posteriormente acusados y condenados por homicidio calificado. Igualmente fueron involucrados, el abogado Antonio López Castillo (✟) y joven Juan Carlos Sánchez (✟) quienes cayeron abatidos por efectivos oficiales en incidentes separados y en circunstancias nunca aclaradas. Después del enfrentamiento en el que resultó muerto el abogado Antonio López Castillo en las adyacencias de Plaza Venezuela, los cuerpos de seguridad allanaron su residencia en Oripoto -dónde y a decir de éstos- se habrían encontrado varias armas de fuego y supuestos explosivos C-4, lo cual produjo la detención de sus padres, los ciudadanos Antonio López Acosta (✟) expresidente del Centro Simón Bolívar en el período presidencial del expresidente Luis Herrera Campins y la exsenadora por el partido Social Cristiano COPEI, Haydée Castillo de López, defendidos del Doctor Rodríguez-Acosta, quienes a la postre resultaron absueltos de toda responsabilidad penal. Hecho profundamente rechazado por la colectividad.

 

Periodistas de algunos medios de comunicación han divulgado informes -no verificados- con un sinnúmero de irregularidades en la investigación, que indican que Anderson -presuntamente- investigaba grandes casos contra dirigentes políticos oficialistas y que estaba envuelto en una red de extorsión que apuntaba a banqueros y otras figuras opositoras; estas personas habrían cancelado una determinada suma de dinero para ser excluidos de la investigación sobre los hechos del 11 de abril, y más específicamente del caso de los Firmantes del Decreto Carmona.

 

La investigación sobre el asesinato de Anderson continúa, y se ha convertido en uno de los asuntos más controvertidos en la política venezolana actual.

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